El proyecto de Ley 23.908 busca que los clientes de las entidades bancarias que han sido víctimas de estafas informáticas gocen de mayores garantías, entre ellas mecanismos más ágiles para la devolución del dinero sustraído.
“Este proyecto de Ley en esencia permite revertir la carga de la prueba en los procesos administrativos y judiciales, es decir que cuando las personas son víctimas de la estafa informática no son ellos quienes deben de demostrar el delito, sino el banco”, indicó Oscar Izquierdo, diputado y jefe de la Fracción de Liberación Nacional, quien impulsa la iniciativa.
El proyecto consta de 9 artículos que modifican la Ley de la promoción de la competencia y defensa del consumidor; la Ley General de la Administración Pública, y el Código Procesal Civil.
Entre otros aspectos, establece un plazo de 60 días para que las entidades bancarias investiguen y resuelvan los casos, a partir de que el afectado comunique al banco la sustracción del dinero.
Además, impone sanciones para quienes simulen un fraude o involucramiento en una situación de aparente intento de fraude bancario con una pena de 2 meses a 10 años, conforme la gravedad del monto de lo defraudado.
De igual manera, establece que todas las entidades bancarias y financieras deberán contar con un protocolo de emergencia y atención ante estos casos, el mismo debe ser autorizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). La iniciativa, que tramita la Comisión de Asuntos Jurídicos, se encuentra en el conocimiento del primer día de mociones 137.
Según datos del OIJ, en el año 2024 este tipo de delitos incrementaron en un 75%, afectando a 4.987 personas. También, los grupos criminales ganaron con estafas informáticas más de ₡4.450 millones; a ello se suman otros $3.2 millones que lograron extraen de las cuentas.
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Erick Murillo
